showimageSANTO DOMINGO. En lo que va de año, agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) han impuesto más de 700 mil multas y retenido alrededor de 700 vehículos, los cuales se encuentran en el canódromo de la autopista Monumental.


El mayor general José Aníbal Sanz Jiminián ofreció el dato en una reunión de la comisión de Tránsito de la Cámara de Diputados, donde afirmó que la Ley 241 sobre Tránsito es obsoleta y debe ser modificada porque no incluye sanciones para los choferes de carros públicos que no usen el cinturón de seguridad, sin embargo si las establece para el resto de los conductores.


Explicó que la falta de educación de los conductores es el mayor desafío que enfrenta ese organismo y se quejó de que no existen medidas coercitivas para que los infractores cumplan con el pago de las multas.


Reveló Sanz Jiminián que hay conductores que han acumulado decenas de multas, incluyendo uno que tiene un récord de 113.


Ofreció las informaciones en el estudio de un proyecto de Ley que busca unificar en una todas las instituciones que tienen que ver con el tránsito y el transporte, dispersión que de acuerdo con el proponente, Tobías Crespo, ha frenado la inversión extranjera en ese renglón de la economía.


La iniciativa busca implementar la acumulación de las penas de tránsito hasta la cancelación de la licencia de conducir y clasificar las infracciones en graves, leves y normales, entre otros aspectos.


Las instituciones ya existentes serían fusionadas y pasarían a ser parte de una nueva entidad bajo el nombre Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.


Propone eliminar la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), el Consejo para la Administración de Taxis (CART), el Departamento de Vehículos de Motor de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).


Las víctimas


La Comisión de Justicia, que preside Demóstenes Martínez, sostuvo un encuentro con miembros del Comisionado Nacional de Legislación de la Reforma Penal, que preside Perfecto Acosta, quienes debatieron el anteproyecto de Ley de Atención y Protección a Víctimas, Testigos y otros sujetos en riesgo.


Participaron Acosta, Miguel Valerio, Gloriana Montás, directora del Departamento de Atención a las Víctimas; Wendy Martínez Mejía, del comisionado de Justicia y María Hernández, de la Procuraduría General de la República.