proc La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) decidió el pasado 29 de mayo, mediante sentencia, que el Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) no tiene facultad para imponer multas.


El tribunal, presidido por la jueza Delfina Amparo de León Salazar e integrado también por Mildred Hernández Grullón y Sergio Antonio Ortega, expone en el fallo que en ninguna parte de la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor o Usuario 358-05 se otorga a ProConsumidor la posibilidad de imponer sanciones a raíz de la comprobación de infracciones precisadas en el artículo 112 de esa legislación.


Plantean que, en caso de comprobarse esas infracciones, corresponde a un juez de paz disponer las sanciones de lugar y no a ProConsumidor, que en caso de hacerlo estaría violando el principio de la separación de los poderes públicos.