acusanEl ex director del Instituto Militar de Los Derechos Humanos, general retirado José Ignacio Holguín Balaguer, afirmó que el Ministerio Público en San Pedro de Macorís atraviesa un estado de inercia, a propósito de una litis por desfalco a un centro educativo del cual es copropietario.


El oficial retirado expresó que está “viviendo un virtual estado de secuestro” con una medida de coerción de arresto domiciliario que ya cumplió los tres meses establecido y sin haberse solicitado prórroga, tras una falsa acusación de violencia de género. El denunciante, afirma que lo que existe en su contra es una litis por la propiedad de un centro educativo donde junto a su ex esposa María Elena o Rourke Acosta son accionistas mayoritarios.


José Ignacio Holguín Balaguer hizo la denuncia durante una rueda de prensa en su residencia, junto a su abogado Marcos Arboleda, su madre Benilda Balaguer, quien estuvo acompañada de su esposo el general retirado Juan Antonio Bello Rocha. Explicó que en cinco meses que lleva el caso ha pasado por la mano de cuatro fiscales y dos jueces se han inhibido, y alegó que la señora Maria Elena o Rourke Acosta dice contar con el apoyo de un capitán del Ejército Nacional, asignado a la Guarida Presidencial.


José Ignacio Holguín Balaguer se quejó de que el Ministerio de Las Fuerzas Armadas y el Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional tienen conocimiento de la conducta de ese capitán y no han prestado ninguna atención a esa situación. Agregó que su ex esposa María Elena quiere ocultar un desfalco millonario en el Colegio Villas del Mar International School, propiedad de ambos, con una denuncia de violencia de género en la que no ha logrado presentar pruebas frente a los tribunales.


“Por formación militar y disciplina soy un hombre respetuoso de la ley, incapaz de golpear a una mujer, pero por la vía legal tengo que defender el patrimonio familiar que es el fruto de mi trabajo”, apuntó el oficial retirado. El abogado del ex director del Instituto Militar de Los Derechos Humanos, doctor Marcos Arboleda, dijo que en el caso de su cliente hay negación de justicia y violación al Código Procesal Penal.