oroLos jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del Distrito Nacional ordenaron ayer al Ministerio de Industria y Comercio, entregar, en caso de tenerla, informaciones relativas a la cantidad de oro y plata extraída, desde agosto a la fecha, por la empresa de capital canadiense Barrick Gold.


El tribunal presidido por la magistrada Judhit Contreras Esmurdoc, e integrado por Federico Fernández y Diómedes Villalona, tomó la decisión, tras acoger un recurso de amparo presentado por José Estévez Benzán y compartes, por entender que el Ministerio de Industria y Comercio violó el derecho fundamental a la información pública.


Los jueces excluyeron del proceso al Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Federación Campesina nuestra señora del Pilar Cevicos, la Junta de Asociaciones Amor y Paz de Maimón, y la Federación Campesina Zambrana-Chacuey de Cotuí.


En la sentencia marcada con el número 104-2013, los jueces también disponen entregar los datos sobre la exportación de oro y plata, en barras de doré, extraídos de la mina de Pueblo Viejo, indicando fecha de los embarques, cantidad de minerales exportados, destinos, medio de traslado hacia el exterior, y copia de los documentos aduanales de embarques.


Los jueces sostienen en la sentencia que en un principio el Estado está obligado a entregar información o a dar respuesta escrita ante los requerimientos de cualquier ciudadano, salvo cuando se trate de un caso en que por ley, se limite el acceso a la información.


Señalan que todos los ciudadanos tienen derecho a investigar y recibir información y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras, derecho consagrado como un principio universal en convenciones internacionales, ratificadas por la República Dominicana, razón por la cual el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de las instituciones. La Procuradora Contenciosa y Administrativa, Catalina  Arriaga, y del abogado del Ministerio de Industria y Comercio, habían pedido al tribunal rechazar el recurso de amparo, por entender que la parte accionante no tienen calidad y capacidad de derecho.